Por mucho que se diga, no tener documentación no es ningún delito. El último ataque a las personas extranjeras ha sido el real decreto publicado en el BOE que restringe el derecho a la atención sanitaria y la retirada de la tarjeta sanitaria. Es una medida que antidemocrática y que vulnera el derecho a la salud universal contemplada en la constitución Española, y que además generará el agravamiento de las desigualdades sociales.
No olvidemos nuestra propia memoria histórica, hoy nos buscamos las lentejas aquí, mañana allí pero en cada lugar personas con dignidad, personas con derechos, pero sobretodo personas.
Por estos motivos, hoy publico varias iniciativas de apoyo a la situación de los imigrantes:
- Por un lado el comunicado que la JOC y la HOAC han realizado con motivo de la nueva normativa.
- Después los Círculos de Silencio, una popuesta simbólica que se viene realizando desde hace ya 7 meses en Burgos y desde 2007 en ciudades de toda europa, consistente en una concentración, pacífica y sin ruidos una vez al mes durante media hora, con la intención de concienciar a la sociedad sobre las situaciones límite que padecen los inmigrantes.
- Y por último, una concentración de apoyo a los inmigrantes y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), auténticas carceles encubiertas.
Justicia para las personas inmigrantes
Desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar.
Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis
económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en
los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas
políticas están afectando muy negativamente al conjunto de la sociedad
y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y
vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos
estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España
está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos
laborales y sociales de personas y familias.
Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes
en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una
sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las
personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha
tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las
personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación
administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la
atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y
la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral.
Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso
universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone
excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y
empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan
Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir
la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el
comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en
Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha
dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les
considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una
desigualdad absolutamente inmoral.
Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de
humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo
emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser
respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral
de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio
que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece
especialmente importante para una situación como la actual: “Para la
Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal,
económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma
dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona.
Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos
fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia
en España y los Inmigrantes”, n. 5).
Por todo ello, desde la HOAC y la JOC:
- Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
- Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
- Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
